Qué es la ley de segunda oportunidad

Tener deudas no es algo que sea del gusto de nadie, pero hay ocasiones en las que la situación económica de una familia o de un pequeño empresario hacen que devolver todo el dinero que se debe resulte materialmente imposible.

Es justo en estos casos cuando se puede recurrir a la ley de segunda oportunidad.

¿Qué es la ley de segunda oportunidad?

Con este nombre conocemos a la Ley 25/2015, de mecanismos de segunda oportunidad y reducción de carga financiera. Un modelo que sigue una estructura similar a leyes que se vienen aplicando en Estados Unidos y en otros países europeos desde hace años.

La ley de la segunda oportunidad pone en marcha un proceso administrativo para la cancelación de deudas, reduciendo así la carga económica que tiene que asumir una persona.

El objetivo es que aquellos que se han visto envueltos en problemas económicos no tengan que arrastrar los mismos y sus consecuencias de por vida.

Ley de segunda oportunidad: requisitos

Para poder acceder a los beneficios que ofrece esta norma a la hora de gestionar las deudas, es necesario que el deudor sea una persona física (particular o autónomo) y que pueda acreditar que no tiene forma de hacer frente a la deuda. Además, la cantidad adeudada no debe superar los 5 millones de euros y se exige buena fe por parte del deudor.

¿Cómo es el procedimiento?

Lo primero que se hace es intentar buscar una solución extrajudicial con una renegociación de la deuda. En estas negociaciones se pueden incluir quitas y esperas para hacer el pago más factible. Puede intervenir un mediador para ayudar a los implicados a buscar la solución más adecuada y, en todo caso, los acuerdos estarán tutelados por un juez.

Se procederá a la subasta o liquidación de los bienes del deudor para hacer frente a la deuda. Quedando exentos aquellos bienes que sean necesarios para el ejercicio de su profesión. Si tras esto sigue quedando deuda, se puede iniciar un proceso judicial para pedir la cancelación o exoneración total de lo que todavía se debe.

Como excepción, no se pueden cancelar las deudas contraídas con la Seguridad Social ni con Hacienda. Aunque una reciente sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2019 ha reconocido la exoneración de hasta el 70% de las deudas contraídas con Administraciones Públicas.

¿Qué ocurre tras el proceso?

Una vez finalizado el proceso el afectado ha quedado sin deudas o tiene un plan de pago de las mismas que es más acorde a su situación económica.

Las deudas desaparecerán de forma efectiva pasados cinco años, ya que durante ese plazo los acreedores pueden pedir una revisión del acuerdo si hay sospechas de que el deudor ha actuado de mala fe.

Por lo demás, recurrir a esta opción no afecta para nada a las expectativas económicas del  deudor, que podrá empezar desde cero y pedir nuevos préstamos si lo considera necesario. Eso sí, no podrá recurrir de nuevo a los beneficios de la segunda oportunidad hasta pasados 10 años.

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