¿Cuál es la diferencia entre abogado y procurador?

La principal diferencia entre abogado y procurador en el ámbito judicial español es, a grandes rasgos, que el primero se encarga del asesoramiento de sus clientes y el segundo, de la representación de los mismos en juicio y de la ejecución de la resolución judicial que se haya dictado en un procedimiento.

Ambos actúan en cada paso del proceso legal y son licenciados y profesionales del derecho. Pero, ¿cómo saber cuándo representar a su cliente es una tarea para un licenciado en derecho experto en asesoramiento asesoramiento legal y cuándo es necesario la presencia de un experto en derecho procesal cuyo enfoque está en la representación legal y en la ejecución?

A continuación ampliaremos los conceptos de cada uno, cómo intervienen en el sistema judicial y las particularidades que hacen tan distintas a estas dos profesiones.

diferencia entre abogado y procurador

¿Cuál es la diferencia entre abogado y procurador?

En el sistema judicial español, la figura del abogado y el procurador desempeñan funciones diferenciadas que son vitales para el adecuado desarrollo de los procesos legales.

Por una parte, el abogado, como profesional del derecho, asume la responsabilidad de asesorar a su cliente de manera directa, antes de iniciar cualquier procedimiento y luego, siendo su voz ante los tribunales.

Se ocupa de toda la estrategia legal, desde argumentar en juicio hasta asesorar en la toma de decisiones y llevar a cabo negociaciones complejas que requieren un conocimiento legal profundo.

Por ejemplo, en un proceso penal por denuncia o querella, el abogado ejerce la defensa de su cliente si es detenido y luego actúa en el acto del juicio oral si es acusado.

Por otra parte, el procurador, también licenciado en derecho, se encarga de la representación de su cliente en juicio, y es intermediario entre los distintos actores del procedimiento judicial.

Asume una función operativa y ejecutiva, el procurador recibe los documentos del abogado, se encarga de presentar la demanda y toda la documentación, así como de cuantos escritos se necesiten presentar en el procedimiento (vía telemática a través de la plataforma Lexnet), recibe y gestiona las citaciones y notificaciones del juzgado que luego transmite al abogado.

Como representante del cliente, actúa en los juzgados y tribunales ante cualquier incidencia del proceso y se encarga de la ejecución de lo resuelto en juicio, tal como veremos en el ejemplo que pondremos.

Por tanto, uno de los pilares de ser abogado es la facultad de plantear una defensa jurídica sólida y personalizada, mientras que el procurador, especializado en el procedimiento judicial, su labor es el seguimiento y avance dentro del proceso judicial, asegurando que los plazos y requisitos formales sean cumplidos en tiempo y forma adecuados.

El procurador representa y el abogado asesora.

¿Qué es un abogado y cuáles son sus funciones?

El abogado es un licenciado en derecho, un profesional crucial en el sistema legal, cuya figura es esencial para garantizar un buen asesoramiento y defensa de los intereses de particulares o empresas.

La labor principal de un abogado es defender a los particulares en procesos judiciales y extrajudiciales, proteger sus derechos e intereses, y asesorarlos en todo momento. Pueden trabajar para empresas o entidades, o de manera independiente en su propio despacho.

Para ser abogado en España, se requiere tener una licenciatura o grado en Derecho, y para aquellos que se hayan graduado después de 2010, también un Máster en Abogacía y pasar una prueba de acceso.

Esto permite a la persona colegiarse en un Colegio de Abogados y ejercer en los Juzgados y Tribunales.

Además, para ejercer como abogado se requiere:

  1. Colegiarse como abogado ejerciente en el Colegio de Abogados más cercano (obligatorio) eligiendo adecuadamente el Colegio de Abogados en caso de querer ejercer como abogado de oficio).
  2. Darse de alta en una mutualidad privada o en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
  3.  Contratar un Seguro de Responsabilidad Civil.

En cuanto a sus funciones, el abogado se centra en representar a clientes en organismos públicos y entidades, buscar soluciones legales, investigar conflictos, recopilar pruebas y evidencias, negociar acuerdos, asesorar en trámites administrativos, redactar documentos legales, respetando el secreto profesional y manteniendo comunicación constante con sus clientes.

Existen diversos tipos de abogados según su especialización:

  1. Penalista: Se enfoca en derecho penal, tratando delitos y el procedimiento legal correspondiente.
  2. Mercantil: Brinda asesoramiento legal en comercio y trámites relacionados.
  3. Civil: Resuelve problemas sobre personas, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos, como divorcios y herencias.
  4. Laboral: Asesora y representa a empresas y empleados en conflictos laborales.
  5. Extranjería: Maneja asuntos legales y trámites para extranjeros en el país.
  6. Fiscal: Se especializa en tributos e impuestos de empresas y particulares.

El asesoramiento legal es una de las piedras angulares de la profesión del abogado especializado. Su capacidad no solo se manifiesta en la capacidad de formular argumentos sólidos ante los tribunales, sino también en su habilidad para diseñar una estrategia de defensa meticulosa y personalizada para cada cliente.

¿Qué es y cuáles son las funciones de un procurador?

Un procurador es licenciado en derecho especializado en la representación procesal de los clientes en el ámbito judicial y ante cualquier organismo.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la representación en juicio puede ser legal, voluntaria o procesal, siendo el procurador quien asume este último rol.

El procurador se encarga de seguir de cerca el proceso judicial, asegurándose de estar al tanto de todos los pasos y mantener informados tanto al cliente como a su abogado.

Las funciones de un procurador incluyen responsabilizarse de los trámites judiciales, como recibir y firmar emplazamientos, citaciones y notificaciones, asistir a las diligencias y actos necesarios del pleito, y transmitir al abogado todos los documentos e instrucciones relevantes.

Además, está encargado de pagar los gastos generados por el cliente, llevando un registro documentado de los mismos y de la fase ejecutiva del proceso..

Para ejercer como procurador, es necesario:

  1. Ser licenciado en Derecho,
  2. Realizar un Master y superar la prueba de acceso del Ministerio de Jusiticia
  3. Obtener el título de Procurador expedido por el Ministerio de Justicia,
  4. colegiarse en el lugar del despacho principal y prestar juramento o promesa ante el órgano correspondiente.
  5. Darse de alta en una mutualidad privada o en el RETA
  6. Contratar un seguro de responsabilidad civil

Las funciones del procurador son esenciales en la agilización y correcta ejecución de los procesos judiciales. Si bien sus responsabilidades son más específicas, su trabajo garantiza que las notificaciones y otros documentos judiciales lleguen a su destino a tiempo, permitiendo así que la representación legal tenga lugar sin demoras ni contratiempos.

La relación entre el tribunal y el justiciable se establece a través del procurador, quien tiene el deber de colaborar con los órganos jurisdiccionales en la administración de justicia, defender profesionalmente los intereses de sus representados, mantener una documentación precisa de los asuntos encargados y representar a litigantes sin recursos económicos en situaciones previstas por la ley.

Para contactar con un procurador, se puede acudir al colegio profesional correspondiente, seguir las recomendaciones de un abogado o, en los casos establecidos por ley, ser asignado por turno de oficio a través de un juzgado.

En este artículo puede ver todas las funciones que hacemos en este despacho de procuradores.

Un ejemplo de procedimiento judicial para comprender las principales diferencias entre abogado y procurador

Supongamos que Eva y Antonio tiene un piso en propiedad y quieren alquilarlo.

Encuentran un inquilino y se disponen a hacer un contrato. Acuden a un abogado para asesorarse y para que les redacte un contrato de alquiler, para evitar sorpresas.

O también pueden acudir a este despacho de procuradores para que le recomendemos uno de nuestros abogados colaboradores especializados en alquileres.

El letrado, después de estudiar el caso, recomienda un contrato que cumple la legalidad en cuanto a renta y plazo de duración, entre cuyas cláusulas es exigir un par de avalistas, en caso de impago de las rentas.

El abogado redacta el contrato y asiste a la firma del mismo.

A los 3 meses de comenzar el alquiler, los inquilinos empiezan a dejar de pagar la renta. Al año, después de dejar de pagar bastantes mensualidades, acuden a su abogado para asesorarse qué hacer.

Tras varios requerimientos, su abogado redacta un burofax con acuse de recibo y certificado de contenido, requiriéndoles de pago en 30 días.

Pasado dicho plazo, los inquilinos siguen sin pagar, por lo que, Eva y Antonio acuden a su abogado para instar un procedimiento de desahucio por falta de pago y reclamación de las rentas.

Viendo que ha transcurrido el plazo y no han "enervado el desahucio", es decir no han pagado la renta debida, deciden interponer una demanda de desahucio por falta de pago.

Recopilan toda la información y documentación y se la entregan al abogado, que redacta la demanda y la entrega al procurador para que la presente ante el Juzgado Decano del partido judicial de Sevilla, a través de LexNet ( en este caso el procurador es obligatorio según ley).

A los 3 días de presentada, el procurador presenta en el Juzgado un "anexo" en papel para dar traslado de la documentación a la parte contraria.

Repartido el asunto, en este despacho de procuradores informamos al letrado, mediante envío de copia del justificante de la demanda presentada, del número de Juzgado en el que ha sido repartido, en este caso el Juzgado de Primera instancia número 21 de Sevilla.

A los dos meses de su presentación, el juzgado notifica al Procurador que los demandantes no han presentado poder general para pleitos, otorgando la representación al procurador, por lo que da un plazo de 10 días para subsanarlo.

En ese plazo, Antonio tiene certificado digital, pero no sabe cómo hacer un Apud Acta electrónico, por lo que le ayudamos telefónicamente a hacerlo y presentamos escrito con el documento que lo acredita. Eva no tiene, así que debemos acompañarla al Juzgado para que haga allí el apud acta.

Subsanado el requerimiento, al mes y medio, se notifica al procurador la admisión a trámite y se envía la documentación al SCNE para que notifique la demanda y emplace a los demandados.

Posteriormente, el Juzgado notifica que, tras varias diligencias no ha sido posible hacer la notificación. Presentamos un escrito solicitando que la diligencia se haga en horario de tarde-noche por el procurador.

Tras tres intentos, el procurador notifica personalmente al demandado la citación y emplazamiento, un sábado a las 21.30 horas.

A partir de aquí, las resoluciones que se dicten se le notifica al procurador, que su vez se las transmite al abogado: día de señalamiento de juicio, y sentencia.

Si es desfavorable, el abogado redacta el recurso de apelación para que lo presente el procurador, junto con el depósito para recurrir.

Si es favorable, una vez firme, redacta el abogado la solicitud de ejecución para que se señale el día de lanzamiento por el SCNE. Ese día, el procurador asistirá junto con la comisión judicial, la policía, y si es necesario son asistencia sanitaria, servicios sociales, etc. para que los demandados dejen libre la vivienda.

La posesión de la finca se le da al Procurador.

Pero esto no termina aquí.

Abogado y procurador seguirán el procedimiento de apremio para reclamar las rentas debidas o los desperfectos, si los ha habido.

En esta fase, el procurador tiene más relevancia, al encargarse de trámites como el embargo, la inscripción en el Registro de la propiedad de los bienes embargados, etc.

La figura de un  buen abogado es fundamental para estar bien asesorado.

Por otro lado, la figura del procurador es, a menudo menos conocida pero igual de esencial, centrada en los trámites, como representante frente a organismos públicos.

Ambos profesionales, a través de un marco de colaboración y competencias compartidas, pero diferenciadas, son piezas angulares para la correcta administración de justicia y la defensa de los intereses de sus clientes.

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